TRIBUNA (EL MERCURIO DE CHILE)
Martes 29 de Junio de 2010
Mariano Fernández Amunátegui (1)
Últimamente mucho se ha opinado sobre nuestras relaciones con Perú y su pretensión ante la Corte Internacional de Justicia, destinada a modificar el límite marítimo existente con nuestro país. La política del nuevo gobierno chileno es aceptar que se “encapsule” este evento judicial y las relaciones se mantengan por carriles separados, estrategia desarrollada por nuestros vecinos, sin éxito hasta la llegada al poder del Presidente Piñera. Considero de interés recapitular brevemente de qué se trata este asunto y por qué estimo errónea la política de relaciones del gobierno actual.
1.- Mediante actos unilaterales y luego mediante tratados internacionales suscritos en 1952 y 1954, Chile y Perú (y también Ecuador) establecieron sus fronteras marítimas, limitando las respectivas soberanías en “el paralelo en que llega al mar la frontera terrestre”. Posteriormente, en 1968, en la frontera chileno-peruana se acordó establecer dos faros de enfilamiento, exactamente sobre la proyección terrestre del paralelo, con el objeto de que las embarcaciones reconocieran con claridad el paso de un país al otro. Este estilo de frontera marítima se convirtió en un sistema en las costas de la América del Sur occidental. Hoy tienen frontera marítima en el paralelo respectivo Panamá con Colombia, Colombia con Ecuador, Ecuador con Perú y Perú con Chile.
2.- En 1999, con ocasión de la entrega al Perú de los servicios en el puerto de Arica, previstos en el Tratado de 1929, el canciller peruano de la época señaló explícitamente que con esas decisiones se terminaban “todos los temas pendientes” en la relación de Perú con Chile. Sin embargo, a inicios del siglo XXI, Perú, contradiciendo lo expresado, construyó un caso, intentando desconocer una frontera acordada, respetada por Perú y la comunidad internacional sin una sola objeción durante más de medio siglo. Nuestro vecino nos ha colocado frente a jueces, renegando de acuerdos claros y debilitando el principio de Pacta sunt servanda (Hay que cumplir los pactos). Ha sido un acto inamistoso y una denuncia judicial que perturba nuestras relaciones. Quien es demandado y no ha cometido falta alguna, como es la situación de Chile, no sólo debe rechazar tal pretensión, sino que debe dejar en claro que esto afecta la dignidad nacional.
3.- Aquí discrepo con la actual conducción de la política exterior. Los gobiernos de la Concertación jamás perdimos de vista el interés nacional, y lo hemos defendido y promovido con bastante éxito en los últimos 20 años. La propia Presidenta Bachelet señaló que “nos habría gustado tener mejores relaciones con Perú”, pero la demanda ante La Haya las imposibilitó. Hemos sostenido que negocios, inversiones y comercio deben seguir adelante, sin limitación alguna, pero otras iniciativas no tienen cabida mientras estemos demandados ante un tribunal internacional. Sin embargo, el Gobierno —haciendo caso omiso de la prudencia que debe acompañar a la severidad en materia internacional— ha aceptado alegremente acoger la tesis peruana de “encapsular” el caso y desarrollar toda clase de relaciones e iniciativas, como si aquí no hubiera ocurrido nada.
4.- Conociendo la memoria peruana y la contramemoria chilena, tengo plena confianza en que el tribunal fallará a favor de nuestra posición, basada en el derecho. Las tendencias actuales de los tribunales internacionales están influenciadas por el derecho anglosajón, que resuelve según derecho, precedentes y equidad. Perú es débil en el derecho y en los precedentes, su alegato único posible es la búsqueda de una pretendida equidad (a cada uno un poco), y ella, de manera importante, depende del estado de las relaciones entre los litigantes, puesto que si una resolución en la que se le da algo a cada uno no genera tensión, la tendencia de cualquier tribunal podría inclinarse por ella. Contrario sensu, si una resolución “equitativa”, en el sentido de la tesis peruana, introduce una tensión por alejarse de lo que es lo que impone el derecho en este caso: reconocer el paralelo como el límite marítimo acordado, el tribunal —tendencialmente— se orientará hacia las reglas jurídicas positivas, es decir, hacia aquello que manifiestamente se acordó entre las partes.
5.- El actual canciller reconoce que la demanda peruana es un acto inamistoso. La lógica de esa premisa es que el Estado de Chile debería rechazar el acto inamistoso. Y no está ocurriendo, al punto que el embajador peruano se permite decir que el actual gobierno tiene un actitud más “desideologizada”, como si el comportamiento nuestro en el período anterior hubiese estado motivado por elementos ajenos al interés de Chile.
6.- El gobierno actual se está equivocando. Sus recientes manifestaciones en la relación con Perú inducen a confusión. Se están mezclando respetables intereses empresariales, que hemos respaldado, con asuntos relevantes de política exterior, generando un cuadro que es artificial y peligroso. Y coincido con “El Mercurio”, que en editorial reciente concluye que “estas consideraciones y experiencias aconsejan que los desafíos de la política exterior con Perú sean enfrentados con realismo y cautela”.
(1) Ministro de RREE de Chile
BAJADO DE http://blogs.elmercurio.com/columnasycartas/2010/06/29/chile-peru-y-la-haya.asp
(1) Ministro de RREE de Chile
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