sábado, 1 de septiembre de 2012

Lambayeque: Tesoros del Señor de Úcupe se exhibirán en Suiza


Cultura peruana continúa dando la vuelta al mundo.
Este sábado se anunció que el museo etnográfico de Suiza exhibirá en 2014 la colección de los tesoros restaurados del ajuar funerario del Señor de Úcupe, personaje mochica descubierto en el complejo arqueológico del mismo nombre, en Lambayeque.
Serían los objetos precolombinos restaurados que se muestran actualmente en el museo Tumbas Reales más otras piezas que están en pleno proceso para su conservación”, declaró el arqueólogo Walter Alva, director del museo Tumbas Reales de Sipán.
La tumba del Señor de Úcupe (quien habría sido un sacerdote-guerrero), descubierta en julio de 2008, concentró la mayor cantidad de diademas y coronas halladas hasta el momento en el país en un lugar de este tipo (11 coronas-diademas, diez coronas, tres narigueras, seis bastones de guerrero, dos escudos, tres máscaras, etc).
DATO
Los tesoros se Úcupe han sido vistos, de momento, por unas 20 mil personas. (Con información de Andina)

jueves, 30 de agosto de 2012

Aniversario de fundación de la ciudad de Chachapoyas :

El 5 de septiembre de 1538, los españoles, había sido fundada por el Capitán español Alonso de Alvarado, como San Juan de la frontera de los Chachapoyas. Es la sexta ciudad fundada por los españoles  

Fue pensada para constituirse como la capital del oriente peruano desde la marguen derecha del río Marañon hasta los límites con las naciones fronterizas. Es una de las ciudades más antiguas del Perú y una de las pocas que aún mantiene su aire señorial e influencia hispánica.

Chachapoyas es conocida por ser tierra de orquídeas, de caña de azúcar y café, de pelea de gallos y exquisitas comidas.

La ciudad de Chachapoyas se encuentra ubicada en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en un altiplano de la cuenca del río Utcubamba, afluente del río Marañón.

LA CULTURA CHACHAPOYAS

En el año 1535 los primeros españoles llegaron al territorio de los Chachapoyas, una enorme región situada entre los ríos Huallaga y Marañón, ubicada entre 2,000 y 3,000 mts. de altura y cubierta permanentemente por nubes. Desde el siglo IX, la zona estaba poblada por una importante cultura, hasta que fue invadida por los incas en el siglo XV, e incorporada al imperio Incaico durante los tiempos de Túpac Inca Yupanqui.

El pueblo Chachapoyas o Sachapcollas (pobladores de zonas boscosas) estaba integrado por diversos grupos étnicos afines, que se desplazaban por el territorio que se extiende de Norte a Sur (unos 300 km.), desde el Marañón en la zona de Bagua y por el Sur hasta la cuenca del Abiseo.

Algunas hipótesis aseguran que los Chachapoyas descendían de inmigrantes cordilleranos culturalmente andinos, que modificaron su cultura ancestral en el nuevo medio, tomando algunas tradiciones de los pobladores de origen amazónico. Transformaron el paisaje selvático en yermo a medida que iban depredando los bosques, y como resultado de las quemas anuales a las que sometían sus tierras.

ORGANIZACION POLITICO Y SOCIAL DE LOS CHACHAPOYAS
La unidad de organización social estaba constituida por grandes provincias controladas cada una por un poderoso cacique y totalmente independientes entre sí. Eran pequeños reinos o señoríos asentados principalmente a orillas del río Utcubamba. Todos tenían el mismo idioma, las mismas costumbres y formas de cultivar y, muy ocasionalmente, se juntaban para algunas ceremonias religiosas o para defenderse del ataque de un pueblo enemigo, siempre manteniendo su autonomía.

Según las crónicas relatadas por Pedro Cieza de León, los Chachapoyas eran los más blancos y agraciados de todos los habitantes del Perú. Vestían ropas de lana y llevaban en sus cabezas unos “llautos” como señal de su origen. Después de su anexión al Incario adoptaron las costumbres impuestas por los cusqueños.

La organización social estaba basada en la producción doméstica y en la subsistencia agrícola con facilidades de almacenamiento. Dentro de la región de Chachapoyas, desarrollaron el intercambio de alimentos (como la sal) y servicios, basado en las relaciones sociales donde se unen las poblaciones en una red de trabajo.

ARQUITECTURA Y CERAMICA CHACHAPOYAS
La zona central del desarrollo de la cultura Chachapoyas fue la cuenca del Utcubamba. Allí podemos encontrar los conjuntos arquitectónicos de Olán, Yalapé, Purunllacta o "Monte Peruvia", Congón (rebautizado como Gran Vilaya), Vira Vira, Pajatén y otros. Pero Kuélap es, sin duda, el monumento más grandioso, de casi 600 metros de largo y muros que alcanzan 20 metros de alto.

Las construcciones habitacionales y monumentales son circulares con bases altas, cornisas de piedras grandes y piedras planas sobresaliendo sobre la superficie de las bases. Poseen rampas inclinadas o escaleras, dirigidas hacia la entrada.

Los Chachapoyas desarrollaron un lenguaje simbólico común con motivos geométricos en forma de triángulos, rombos, serpenteadas y ornamentos cuadrados, que aparecen en los frisos de piedra de las viviendas circulares. Estos símbolos tuvieron un valor étnico y social, y sirvió para demostrar la fuerza de identidad local, mantenida a través del período Inca.

También la arquitectura funeraria caracteriza a la cultura Chachapoyas e incluye dos tipos de sepulturas: el sarcófago y el mausoleo. El sarcófago es una evolución del fardo funerario que se expresa en espacios cordilleranos y costeños de los tiempos Tiahuanaco-Huari.

Fuente: http://www.tudiscovery.com/mochica_chacha/cultura_cha/index.shtml 

Historia de la inquisición en el Perú


HISTORIA DE LA INQUISICIÓN EN EL PERÚ

Auto de Fe









Felipe II









Auto de Fe






















n el Perú, la Inquisición fue creada por el Rey Felipe II en 1569 y no era sino una filial provincial del Consejo de la Suprema y General Inquisición española. La Inquisición de Lima entró en funciones en 1570, siendo Virrey del Perú Francisco de Toledo. Los primeros inquisidores fueron el licenciado Serván de Cerezuela y el doctor Andrés de Bustamante; pero este último, falleció cuando se hallaba en pleno viaje desde la metrópoli hacia Lima, quedando Cerezuela a cargo del distrito limeño. El Tribunal comenzó sus acciones en un local alquilado que se ubicaba al frente de la Iglesia de la Merced, en el actual jirón de la Unión; pero, como este era muy céntrico y resultaba poco propicio para su funcionamiento, en 1584 se trasladó a la casa de Nicolás de Rivera el mozo, donde funcionó hasta que fue abolida .Una revisión de las cifras dadas por Escandell nos indica que en sus inicios el Tribunal se dedicaba al control de la población blanca. En ella se incluye tanto a los denominados "cristianos viejos" como a algunos descendientes de conversos, principalmente los de ascendencia judía que, evadiendo expresas prohibiciones reales, llegaban a las colonias hispanoamericanas. Hay que reiterar que la gran mayoría de la población estaba constituida por indígenas, los cuales quedaron fuera de la esfera de acción del Tribunal conforme a lo dispuesto por los reyes de España. También resulta llamativo el alto porcentaje de procesados extranjeros, el cual supera su correspondiente participación demográfica. Esta ha sido calculada para el período 1532-1560 entre un 8% y 12%. Ello se explica por razones de Estado que hacían indispensable controlar a posibles espías de las potencias enemigas de España.
Distribución étnica de los procesados
(1570-1600)
GRUPOS ETNICOSPROCESOSPORCENTAJE
Españoles39178.57
Extranjeros8617.30
Mestizos, negros y mulatos214.13
Total498100.00
Un análisis del cuadro siguiente nos deja en claro que, ante todo, el tribunal limeño se dedicaba a ver asuntos relativos a la moral pública o social, que comprendían el 65.83% del total de procesos. Lo que preocupaba al Santo Oficio era mantener vigente la escala de valores aceptados por la población; es decir, los principios cristianos tales como el respeto a Dios, a la Iglesia, a la Virgen María, al sacramento del matrimonio, al estado sacerdotal y el consiguiente voto de castidad; a los principios morales, etc. Cabe agregar que las herejías propiamente dichas sólo representan el 13.27% del total, lo que demuestra la eficacia de los controles establecidos para evitar la propagación de las sectas protestantes y la infiltración de los falsos conversos en Indias.
Estructura delictiva (1570-1600)
TIPOLOGIA DE LOS PROCESOS%
Delitos contra la fe (luteranos, judaizantes, moriscos, etc)13.27
Expresiones malsonantes (blasfemos, renegados, etc.)30.18
Delitos sexuales (bígamos, solicitantes, etc.)28.00
Contra el Santo Oficio4.63
Prácticas supersticiosas (invocaciones al demonio, hechicería, quiromancia, etc). 7.65
Otros delitos (no específicos)16.27
Las mayores sanciones que aplicó el Tribunal durante sus años iniciales recayeron generalmente en protestantes extranjeros hacia los cuales existía no sólo animadversión religiosa sino sobre todo política. El primer condenado al quemadero fue el francés Mateo Salado en el auto de fe del 15 de noviembre de 1573. Otros condenados a igual pena, por el mismo motivo, fueron los flamencos Juan Bernal y Miguel del Pilar. Muchos de los procesados como luteranos en realidad eran piratas. Cabe recordar que, por aquel entonces, Inglaterra los utilizaba en su lucha contra España para destruir su poderío económico y militar, establecer puntos de penetración en el Nuevo Mundo y asegurar su control sobre los mares. A la Inquisición fueron llevados algunos como Juan Drake (sobrino del famoso Francisco Drake), Juan Butler, Juan Exnem, Thomas Xeroel, Richard Ferruel, etc. Ellos fueron acusados de luteranismo así como de realizar proselitismo a favor de las sectas protestantes. La mayoría de ellos terminó reconciliada mientras que tres acabaron sus días en la hoguera: Walter Tiller, Eduardo Tiller y Enrique Oxley (05-04-1592)
Entre los casos de alumbrados destaca, sobre manera, el seguido a fray Francisco de la Cruz, el cual es considerado como uno de los más importante de la historia del Tribunal limeño. De la Cruz había estudiado Teología en Toro y Valladolid, llegando a ser catedrático de la materia; además, se desempeñó como rector de la Universidad de San Marcos. Gozaba de la confianza del arzobispo de Lima quien lo había propuesto como coadjutor. Su doctrina, tal como la entendieron los inquisidores, no sólo era contraria a los dogmas católicos sino abiertamente subversiva: enfrentaba directamente al Rey Felipe II proponiendo, inclusive, el nombramiento de otro monarca para el virreinato e instigando a la población a alzarse contra el dominio de la metrópoli.
Como hemos dicho, la unidad ibérica, conseguida por Felipe II en 1580, incrementó la penetración de judíos en América. El Tribunal limeño, desde el momento mismo en que se estableció, había actuado en forma benigna con los judaizantes. En cambio, a partir de dicha unión estos últimos se convirtieron en un verdadero problema para los inquisidores, los cuales comunicaron al Consejo que ingresaban por Buenos Aires y los puertos de Venezuela, Cartagena de Indias, Santa Martha, Maracaibo, etc. Desde allí, llegaban por tierra al Perú, burlando así todas las prohibiciones y los controles decretados. Los soberanos hispanos tomaban estas medidas restrictivas para evitar que casos como el de los falsos judeoconversos se repitieran en sus lejanas y extensas colonias ya que podrían tener enormes consecuencias no sólo religiosas sino también políticas y económicas. Los primeros judaizantes condenados a la hoguera fueron Jorge Nuñez, Francisco Rodríguez y Pedro de Contreras (17-12-1595), quienes salieron en el respectivo auto de fe junto con otros penitenciados por la misma causa.
Juan Fernández de las Heras fue quemado vivo (17-12-1595) por mantenerse pertinaz en sus proposiciones contrarias al dogma católico, entre otras, su rechazo al Sacramento de la Penitencia y al culto a las imágenes. Fernández sostenía que él era una de las personas de la Santísima Trinidad, decía tener visiones divinas, etc.
Las supersticiones y prácticas mágicas de los españoles se multiplicaron en contacto con el mundo americano alimentadas por las de los aborígenes. Generalmente, se trató de procesos a mujeres que acudían a la brujería para asuntos sentimentales, ganarse voluntades o encontrar el remedio a alguna de las numerosas enfermedades. Entre estos cabe mencionar los efectuados a Francisca e Inés Villalobos, mujeres españolas pertenecientes a los grupos sociales más altos de Huamanga, que empleaban a varias indígenas para sus actividades.
En 1610 se delimitó en forma definitiva el área de jurisdicción del Tribunal limeño con la creación de un nuevo distrito con sede en Cartagena, demarcación que subsistió hasta su abolición. Hay que agregar que algunos comisarios del distrito limeño, entre ellos los de La Plata y Chile, por su lejanía de Lima, gozaban de gran autonomía.
Un análisis de la actividad inquisitorial denota un mayor impulso en los primeros años del siglo. En cuanto a los autos de fe, se llevaron a cabo cuatro: el primero el 13 de marzo de 1605; el segundo el 10 de julio de 1608 en el cementerio de la catedral; el tercero el 17 de junio de 1612 en la capilla de la Inquisición; y el cuarto el 17 de noviembre de 1614. De 1600 a 1605 fueron sentenciadas 135 causas y se celebraron dos autos de fe públicos: en el de 1600 fueron 35 los sentenciados y en el de 1605, 40. A partir del breve dado por el Papa Clemente VIII amnistiando a los judaizantes el Tribunal disminuyó sus acciones. En el período que abarca de 1606 a 1621 se sentenciaron 120 causas; se realizó un auto de fe público, donde salieron 18 reos y, asimismo, un autillo en el que se dieron a conocer 9 procesos.
En el período comprendido entre los años 1600 y 1621, se mantuvo como factor de mayor importancia lo referente a la moral pública y privada. Si sumamos los 80 casos de proposiciones -la mayor parte de las cuales son solamente blasfemias y frases escandalosas- con los 86 relativos a la sexualidad y los 9 que se refieren a sortilegios, veremos que alcanzan los 175, lo que a su vez representa más del 68% del total. Esto nos permite sostener que el Tribunal limeño jugó un rol muy importante como mecanismo moralizador y corrector de las conductas alejadas de los patrones éticos establecidos en la sociedad. En cambio los judaizantes, que son el grupo herético más numeroso -llegando a los 61 procesos- así como los luteranos -que alcanzan sólo 9- constituyen, en conjunto, grupos absolutamente minoritarios que demuestran no sólo su propia debilidad sino también la fortaleza de la ortodoxia católica y la escasa penetración de las sectas.
En lo que se refiere al tipo de sentencias, tenemos que la mayor parte de las mismas son abjuraciones que totalizan 173 y equivalen al 67%. Así, las dos terceras partes de los sentenciados abjuraban de sus errores, a ellos se les añadía, mayormente, algunas penas espirituales y el pago de los costos de los procesos o algunas multas. Los reconciliados y los absueltos llegaban a 30 y 29 respectivamente, mientras que los procesos suspendidos fueron 8. Resultaron condenados a muerte 6 y se quemaron 9 efigies. De los condenados al quemadero 5 eran judaizantes portugueses: Lucena de Baltasar, Duarte Núñez de Cea -ambos salieron en el auto de 1600- Duarte Enríquez, Diego López de Vargas y Gregorio Díaz Tavares salieron en el auto de 1605.
El bachiller Juan Bautista del Castillo fue el único limeño condenado a la pena de hoguera -en toda la historia de este Tribunal- por proposiciones contrarias a la fe, las cuales difundió por toda la ciudad en medio del escándalo público.
A partir de 1621 la actividad del Tribunal decayó, con la notoria excepción de los procesos seguidos contra los judaizantes lusitanos, cuyo punto central fue el auto de 1639. La presencia de portugueses se había multiplicado desde la unificación de las coronas y a la mayoría de ellos se les consideraba sospechosos de ser judaizantes. Una muestra de ello es que cuando el inquisidor general nombró como comisario de Potosí al Lic. Lorenzo de Mendoza -clérigo, natural de Coimbra- los inquisidores limeños le expresaron su protesta. Entre los inconvenientes que señalaban referían que en aquella región vivían numerosos portugueses, en su mayor parte judíos, los cuales se consolidarían con la designación de un comisario portugués y sería sumamente difícil poder procesarlos. Ello porque los españoles no se atreverían a denunciarlos por temor a las venganzas y por la posible benevolencia o solidaridad del referido personaje.
Tipología de las causas (1621-1700)
Tipos de DelitosEncausados
Judaizantes137
Luteranos6
Proposiciones31
Bígamos90
Solicitantes8
Sortilegios7
Contra el Santo Oficio16
Varios30
Total395
En el período 1621-1700 aumentó la represión contra los judíos los que, comparativamente, recibían las penas más drásticas. De un total de 395 procesados, 137 lo fueron por judaizantes y 6 por luteranos. El punto más álgido fue el proceso seguido a los comerciantes lusitanos que controlaban la mayor parte del comercio de la ciudad. Además de su conducta religiosa dual, el mayor problema para la corona se debía a su poderío económico y a sus múltiples conexiones con la comunidad judía internacional y con Holanda. Ello implicaba intereses políticos que comprometían la estabilidad del dominio hispano sobre estas tierras. En cuanto a los delitos contra la moral -considerando como tales a la bigamia, las solicitaciones en confesión, la blasfemia, la hechicería y las adivinaciones- alcanzan en conjunto los 206 casos.
La etapa comprendida entre 1622 y 1641 fue la de mayor actividad del Tribunal en este siglo. Se vieron 199 causas. Los procesos a judaizantes fueron los más numerosos e importantes, 127 casos; los sortilegios y brujerías, 29. Los judaizantes portugueses siguieron siendo los que recibían las más drásticas sanciones. Así, en el auto de fe del 21 de diciembre de 1625, dos de ellos fueron conducidos al quemadero: Juan Acuña de Noroña y Manuel Tavares; otros tantos fueron quemados en huesos y estatuas: Manuel Núñez Magro de Almeida y Garci Méndez de Dueñas. En la década de los treinta revistieron especial interés estos procesos, los que aumentaron a raíz del descubrimiento del principal grupo de judaizantes de que se tenga conocimiento en toda la historia del Virreinato del Perú. Estos controlaban buena parte del comercio de la Ciudad de los Reyes, con múltiples conexiones, inclusive más allá de la jurisdicción del distrito limeño. Los juicios seguidos en su contra llegaron a totalizar, incluyendo a sus familiares, 74 en sólo dos años (1634-1636). Las sentencias de la mayor parte de estas causas fueron dadas a conocer en el auto de fe del 23 de enero de 1639, en el que 11 judaizantes portugueses fueron llevados al quemadero: Antonio de Vega, Antonio de Espinosa, Diego López de Fonseca, Francisco Maldonado da Silva, Juan Rodríguez da Silva, Juan de Azevedo, Luis de Lima, Manuel Bautista Pérez, Rodrigo Vaez Pereira, Sebastián Duarte y Tomé Cuaresma; además, Manuel de Paz fue quemado en huesos y estatua.
Es conveniente señalar que, por entonces, se denunció la participación de la comunidad judía internacional y de Holanda en una conspiración para adueñarse de las colonias hispanoamericanas. Los miembros de la primera darían su apoyo a la segunda, a cambio de que esta les concediese libertad para realizar sus prácticas religiosas así como otros beneficios de carácter político, social y económico. Con dicho motivo se constituyó la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, financiada, en su mayoría, por judíos con quienes tenían tratos y contratos los judaizantes portugueses que controlaban una gran parte del comercio de Lima. Asimismo, existían rivalidades evidentes entre portugueses y españoles por la conquista de América, las cuales se incrementarían con la declaración de independencia realizada por Portugal.
Durante el período 1642-1667 el número de causas sentenciadas alcanzó la cifra de 88. Esta vez, los casos de judíos apenas llegaron a 10 correspondientes a la culminación de las investigaciones de la etapa anterior. Los procesos por sortilegios fueron 24, los de bigamia 22 y en menor cantidad los de proposiciones heréticas. Según José Toribio Medina la cifra se elevaría a 111 considerando los 23 sentenciados en el auto de fe del 23 de enero de 1664. En el auto del 8 de octubre de 1667 sólo salieron cuatro reos, tres de ellos por proposiciones -dos clérigos y un sobrino, todos extranjeros- quienes eran partidarios de una especie de naturalismo.
El tercer período de este siglo abarca desde 1668 hasta 1696 y en él hubo un total de 108 causas. Cabe destacar que no se dieron autos de fe en la Plaza Mayor; en cambio se realizaron dos autillos, ambos en la iglesia de Santo Domingo, en 1693 y 1694 respectivamente. Este último incluyó la causa de Angela Carranza. Igualmente, resulta importante resaltar que los procesos por bigamia totalizaron 57, casi la mitad del total; se mantuvieron los correspondientes a delitos de sortilegios y desaparecieron los efectuados a judaizantes. En consecuencia, el Tribunal se dedicaba más a la defensa de la moral que al combate de las poco significativas actividades heréticas.
Para entender el comportamiento del Santo Oficio en las Indias durante el siglo XVIII se torna indispensable considerarlo dentro del contexto histórico. En él destaca el cambio de dinastía efectuado en el año 1700 con el acceso y entronización del primer monarca borbón. Las corrientes racionalistas en boga insurgieron contra las tradiciones y todo aquello que consideraban sinónimo de conservadurismo. El predominio inglés comenzó a consolidarse con mayor fuerza después de la Guerra de Sucesión Española y del Tratado de Utrecht. Con el inicio de la expansión anglosajona por tierras americanas, la corona hispana percibió el peligro de la pérdida de sus inmensos dominios; además, la metrópoli dependía de navíos de diversas nacionalidades europeas para el intercambio comercial con sus posesiones. Por su parte, el Santo Oficio mostraba el declive de sus actividades, especialmente desde los años cincuenta. Ello propició la coincidencia del proceso emancipador con la abolición del Tribunal.
Nuevas corrientes ideológicas, con claras connotaciones políticas, se hicieron presentes llamando la atención de los monarcas y, por supuesto, del Santo Oficio. Este no sólo se vio ante amenazas a la fe y la moral sino, al mismo tiempo, al sistema político en el cual estaba insertado. Estas doctrinas se desarrollaron inicialmente en reducidos círculos intelectuales. El contrabando de libros prohibidos se incrementó junto con el aumento de la penetración de extranjeros que llevaban a España las nuevas ideas e inquietudes del siglo. Ambos hechos influyeron en los cambios producidos en las universidades y en la creación de sociedades de amigos del país, propugnadoras estas últimas de reformas profundas en beneficio del progreso de las colonias. Estas corrientes innovadoras fueron adaptadas en las Indias, es decir, se acriollaron. Así, se produjo una mezcla de racionalismo y tradicionalismo manifestado en la adopción de criterios del primer tipo junto con el mantenimiento de la fidelidad a la Iglesia Católica.
De los 319 procesados, 90 lo fueron por sortilegios y 97 por delitos sexuales (77 por bígamos y 20 por solicitantes), lo que en su conjunto equivale a un 58% de los encausados. Estos se vieron en tal situación por haber cometido delitos contra la moral, de la cual el Tribunal era celoso guardián. Por otra parte, los delitos contra la fe propiamente dichos llegaron a los 102; de estos, 49 por sustentación de proposiciones heréticas, 36 por luteranismo y 17 por judaizantes. Además, 4 fueron encausados por faltas contra el Santo Oficio y otros 26 por diversos motivos. El único caso de condena al brazo secular fue el de Ana de Castro. La mayoría de los enjuiciados fue sentenciada a realizar las consabidas abjuraciones ad cautelam, a las cuales se agregaban penas espirituales y, en los casos más serios, penas corporales y destierros. Es necesario reiterar que los conflictos entre el Tribunal y las autoridades eclesiásticas -entre ellas los arzobispos de Lima- eran frecuentes debido, principalmente, a que los inquisidores solían sobrepasar la jurisdicción de aquellas. Las relaciones entre el Santo Oficio y los jesuitas nunca fueron buenas pero empeoraron cuando el P. Diego Francisco Altamirano, Visitador y Vice-Provincial de la Compañía, dispuso que ningún miembro de esta admitiese el oficio de calificador sin licencia previa del provincial.
El Tribunal estuvo totalmente paralizado entre los años 1725 y 1730 después de lo cual fue reactivado. La inactividad de este distrito hizo que la Suprema amonestara severamente a los inquisidores, amenazándolos con la destitución si no mejoraban su desempeño. El 23 de diciembre de 1736 se realizó el único auto de fe público del siglo, en el cual se pronunció la última sentencia a la hoguera. Esta correspondió a María Francisca Ana de Castro, judaizante, la única mujer condenada a tal pena por el Tribunal de Lima. Era natural de Toledo, de unos cincuenta años de edad.
La mayor parte de las causas del período 1700-1750 correspondieron más a delitos contra la moral -sortilegios, bigamia, etc.- que a las herejías propiamente dichas. De estas últimas sólo hubo cuatro procesos contra judaizantes, lo que demuestra que su importancia había disminuido notoriamente. A pesar del decremento de juicios seguidos a los judíos, estos siguieron recibiendo las sanciones más enérgicas: tres de ellos sufrieron confiscación de bienes y destierro. El otro caso fue el de la referida Ana de Castro, quien fue la única condenada a la hoguera en todo el transcurso del siglo XVIII. Además, fueron encausadas 36 personas por luteranas, la mayoría de ellas inglesas o francesas. La mayor parte de los encausados por tal delito se presentaron voluntariamente ante el Santo Oficio a solicitar su reconciliación. Esta les era concedida ad cautelam, sin otro tipo de penas que las espirituales: rezar determinado tipo de oraciones, realizar ayunos, confesarse, comulgar, etc.
En lo que respecta a las proposiciones heréticas estas llegaron a 42, incluyendo los casos de blasfemia. Cabe destacar las sanciones que recibían los bígamos, las que consistían en alguna cantidad de azotes, el destierro por un tiempo determinado -entre seis meses y diez años- el pago de alguna multa, etc. Así, el Tribunal de la Fe defendía celosamente el Sacramento del Matrimonio y, al hacerlo, se constituía en el protector de la familia, en especial, las mujeres y los hijos. Recordemos que los bígamos solían dejar en total abandono material y espiritual a sus hogares. Ante ello el Tribunal actuaba con un evidente y loable sentido humanitario.
En cuanto a los casos de brujería y sortilegios el Santo Oficio resultó sorprendentemente benigno para su época. Mientras en los países protestantes se cuentan por decenas y aún cientos de miles las víctimas de la caza de brujas que terminaron sus días en la hoguera, el Tribunal consideraba que se trataba de un delito debido a la ignorancia de las gentes y no tenía más realidad que la que sus mentes le asignaban. A los culpables se les sentenciaba a recibir una cantidad variable de azotes que fluctuaba entre los 50 y los 200. Se podía añadir, dependiendo de la gravedad de los hechos, el destierro por tiempo determinado, la prestación de servicios en hospitales y presidios, el pago de alguna multa e, inclusive, la confiscación de bienes.
En la segunda mitad del siglo XVIII se acentuó notoriamente la decadencia de la Inquisición, tanto en la metrópoli como en las colonias. En estas últimas, su declive tuvo como ingrediente adicional el surgimiento de movimientos separatistas y la contribución que prestó el Santo Oficio -en tanto entidad conformante del aparato estatal hispano- a la causa realista. En Hispanoamérica al igual que en España disminuyó el número de procesos. Entre las faltas que en estos tiempos perseguía el Tribunal tomaron una creciente importancia los escritos de autores revolucionarios o sediciosos, los que eran divulgados entre los sectores más ilustrados de la sociedad.
Desde mediados del siglo XVIII hasta la abolición del Tribunal (1750-1820) hubo un total de 51 causas. Entre ellas figura un rebrote de judaizantes -hacía 1774 habían 13 en las cárceles inquisitoriales- y la aparición de los primeros casos de francmasonería. En cuanto a los autillos dados en el transcurso del siglo XIX, en la capilla del Tribunal, tenemos los siguientes: 1800, 18 de febrero; 1803, 27 de agosto; 1805, 27 de setiembre; y 1806: 17 de julio. Los procesos debidos a la lectura de libros prohibidos fueron pocos. Entre ellos destacan el seguido contra Ramón Rozas -asesor del virrey- y el realizado al Barón de Nordenflicht. Este último era miembro de la comisión alemana de minería que vino al Perú, por encargo del rey, a instalar el sistema de amalgama "de cazo". Por su parte, los juicios realizados a luteranos siguieron centrados en los extranjeros (ingleses, franceses, holandeses, etc.). Hay que resaltar que la mayor parte de los procesados, con la notoria excepción de los casos de brujería y sortilegio, eran blancos.
Procesados por el Tribunal de Lima según sexos
(1569-1820)
SexoNúmeroPorcentaje
Hombres129487.79
Mujeres18012.21
Totales1474100.00
En los dos siglos y medio de la Inquisición en Lima -cuya jurisdicción comprendía los territorios actuales del Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay- el Tribunal sentenció a 1474 personas, aproximadamente, la mayoría de las cuales fue condenada a pagar multas, rezar oraciones, colocarse el sambenito, etc. El total de los casos en que se aplicó la pena de muerte fue de 32; la mitad de ellos quemados vivos y otros tantos condenados al garrote. De los condenados a muerte, 23 lo fueron por judaizantes (15 portugueses, 7 españoles -de los cuales 4 eran hijos de portugueses- y un criollo, también hijo de portugueses; 6 por luteranos (3 ingleses, 2 flamencos y 1 francés); 2 por sustentar y difundir públicamente proposiciones heréticas -uno de ellos fue el limeño Juan Bautista del Castillo (1608), mientras que el otro era español- y un alumbrado (español).
Condenados a muerte por el Tribunal de Lima
(1569-1820)
DelitosNúmero%
Judaizantes2371.88
Protestantes618.75
Proposiciones26.25
Alumbrados13.12
Total32100.00
La Inquisición fue abolida por decreto de las Cortes de Cádiz, el 22 de febrero de 1813. Abascal, el 30 de julio de ese año ordenó la publicación en Lima del decreto de abolición. Días después, al permitirse a un grupo de personas que ingresasen al local , se produjo el lamentable saqueo de las instalaciones con la consiguiente pérdida de valiosa documentación sobre el accionar inquisitorial. En 1814, cuando el Rey Fernando VII fue restablecido en el trono, se dispuso que volviese a funcionar el Santo Oficio pero su existencia ya fue más nominal que real. Para el Perú fue abolido definitivamente en 1820 a raíz del proceso emancipador con el cual se suprimió todo tipo de dependencia política de España.
CONDENADOS A MUERTE POR EL TRIBUNAL DE LA INQUISICIÓN DE LIMA
(1569-1820)
NombresOrigenMotivoFecha
01) Salado, MateoFrancésLuterano15-11-1573
02) De la Cruz, FranciscoEspañolAlumbrado13-04-1578
03) Bernal, JuanFlamencoLuterano29-10-1581
04) Del Pilar, MiguelFlamencoLuterano30-11-1587
05) Tiller, WalterInglésLuterano05-04-1592
06) Tiller, EduardoInglésLuterano05-04-1592
07) Oxley, EnriqueInglésLuterano05-04-1592
08) Nuñez, JorgePortuguésJudaizante17-12-1595
09) Rodríguez, FranciscoEspañolJudaizante17-12-1595
10) De Contreras, PedroEspañolJudaizante17-12-1595
11) Fernández, JuanEspañolProposic.17-12-1595
12) De Lucena, BaltasarPortuguésJudaizante10-12-1600
13) Nuñez de Cea, DuartePortuguésJudaizante10-12-1600
14) Enríquez, DuartePortuguésJudaizante13-03-1605
15) López de Vargas, DiegoPortuguésJudaizante13-03-1605
16) Díaz Tavares, GregorioPortuguésJudaizante13-03-1605
17) Bautista del Castillo, JuanLimeñoProposic..01-06-1608
18) Acuña de Noroña, JuanPortuguésJudaizante21-12-1625
19) Tavares, ManuelPortuguésJudaizante21-12-1625
20) De Vega, AntonioPortuguésJudaizante23-01-1639
21) De Espinosa, AntonioEspañolJudaizante23-01-1639
22) López de Fonseca, DiegoEspañolJudaizante23-01-1639
23) Maldonado da Silva, FranciscoTucumanoJudaizante23-01-1639
24) Rodríguez da Silva, JuanPortuguésJudaizante23-01-1639
25) De Azevedo, JuanEspañolJudaizante23-01-1639
26) De Lima, LuisEspañolJudaizante23-01-1639
27) Bautista Pérez, ManuelPortuguésJudaizante23-01-1639
28) Váez Pereira, RodrigoPortuguésJudaizante23-01-1639
29) Duarte, SebastiánPortuguésJudaizante23-01-1639
30) Cuaresma, ToméPortuguésJudaizante23-01-1639
31) Henríquez, ManuelPortuguésJudaizante23-01-1664
32) De Castro, María Francisca AnaEspañolaJudaizante23-12-1736



BAJADO DE http://www.congreso.gob.pe/museo/right03-1b.htm

Guerra Perú-Colombia

El 1  de septiembre ciudadanos peruanos ingresan a Leticia, exxpulsando a las autoridades colombianas y buscando recuperar ese antiguo puerto peruano Es así como se da inicio al conflicto Colombo-Peruano, suscitado entre 1932 y 1933 tras la ocupación de Leticia, puerto colombiano sobre el río Amazonas. El artículo describe los acontecimientos iniciales, la respuesta de Colombia, la manera como se preparó para el combate, y el desarrollo de la guerra que terminó en rápida negociación. Se concluye con una breve exposición sobre el papel que jugó el conflicto en la construcción e historia del Ejército Nacional de Colombia.


La Guerra colombo-peruana de 1932-1933 se refiere al conflicto armado entre la República de Colombia y la República del Perú entre los años de 1932 y 1933. El conflicto se llevó a cabo en la cuenca del Río Putumayo, la Ciudad de Leticia, ubicada en la Comisaríacolombiana del Amazonas. La guerra terminó con la ratificación del Tratado Salomón-Lozano de 1922.

Contenido

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[editar]Historia

[editar]Origen

El modus vivendi entre Colombia y Perú sobre el Putumayo conforme a lo acordado por el protocolo de 18 de septiembre de 1905.

[editar]La Real Cédula de 1802

Un personaje español, don Felipe de Requena, vino a ser el autor intelectual de un instrumento jurídico que iría a formar parte fundamental de la cuestión limítrofe colombo-peruana. Miembro de la comisión hispanoportuguesa de demarcación de fronteras en los ríos Yavarí y Negro, permaneció más de 14 años en esos territorios, siendo designado a su regreso a España como asesor del Consejo de Indias.
Habiendo conocido la labor cumplida por la Compañía de Jesús con los aborígenes de la región amazónica, y las graves perturbaciones que allí produjo la expulsión de la comunidad jesuita por Carlos III, propuso al Consejo establecer una sede episcopal en Mainas, cuya jurisdicción cubría los territorios de Quijos y Jaén. De allí resultó la promulgación, el 15 de julio de 1802, de la Real Cédula que creó el obispado de Mainas, sufragáneo del Arzobispado de Lima.1
El virrey de la Nueva Granada elevó ante el Rey el denominado “Recurso de Súplica”. Lo propio hizo la Real Audiencia de Quito. Al no ser confirmada la Real Cédula, como era de rigor ante dicho recurso para que entrara en vigencia, el obispado no llegó a tomar forma, máxime si se tiene en cuenta que el Ilustrísimo Señor Sánchez Rangel, designado obispo de Mainas, solicitó al Rey suprimir dicho gobierno.
El historiador Francisco Andrade Suescún, al referirse a estos hechos, anota que en 1818, esto es 16 años después de haber sido promulgada la Real Cédula en referencia, se publicó bajo el virreinato del brigadier Juan Sámano la "Guía de Forasteros del Virreinato de la Nueva Granada", que incluyó a Jaén, Mainas y Quijos como provincias del dicho virreinato. Esta información oficial no se habría hecho pública, de no existir la certeza de que dichas provincias pertenecían a la jurisdicción territorial del Virreinato de la Nueva Granada.

[editar]La era republicana

Pasando a la época contempóranea, el ya citado historiador Andrade Suescún informa que el poeta peruano José Santos Chocano, en un folleto titulado El Escándalo de Leticia, que apareció después del conflicto de 1932, analiza la Cédula Real de 1802 para concluir que ella no estableció segregación territorial del Virreinato de la Nueva Granada ni agregación al del Perú.
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Ejército colombiano realizando maniobras antes de dirigirse a la zona del conflicto.
Don Nicolas Buitrago A., quien como embajador de Colombia ante el gobierno del Perú pactó con don Alberto Salomón, Ministro de Relaciones Exteriores del Perú, el Tratado que lleva sus nombres, demuestra en un profundo estudio que “La Cédula de 1802 no fue de segregación territorial” y agrega que “Las altas autoridades civiles y militares del Perú, durante la Colonia, no consideraron la Cédula de 1802 como título territorial”, en tanto el gobierno del Perú tan sólo en 1853 adujo que dicho instrumento determinara límites entre los dos virreinatos.
El internacionalista Joaquín Caicedo Castilla, en su afamada Historia Diplomática, se ocupa también de la Real Cédula de 1802 y presenta dos interesantes estudios, uno Examen jurídico, el otro el Proceso Histórico, y demuestra la razón que ha asistido a las autoridades de la Gran Colombia, la Nueva Granada y la Colombia actual, frente a las tesis del Perú y el Brasil.
Colombia y el Uti Possidetis Juris a creación de la República de Colombia por Simón Bolívar en Angostura, refrendada por el Congreso de Cúcuta en 1821, planteó para la nueva nación múltiples cuestiones en medio de la guerra que constituía la más alta prioridad para el Estado naciente. Entre tales materias, el establecimiento de relaciones diplomáticas con las naciones iberoamericanas en proceso de formación, revestía alta importancia dentro del pensamiento geopolítico de Bolívar.
Surgió así la conveniencia de establecer normas jurídicas que, de ser aceptadas por los distintos gobiernos, facilitarían la celebración de acuerdos para arreglar diferendos que pudiesen presentarse entre las partes. Las autoridades colombianas consideraron entonces, como lo habían hecho sus antecesoras en la Primera República, acoger el principio del Uti possidetis juris, por el cual se aceptaban las fronteras fijadas por España entre sus posesiones americanas, y vigentes el año de 1810 cuando la mayoría de las naciones hispanoamericanas iniciaron sus movimientos independentistas.
Gobernaba el Estado de Cundinamarca don Jorge Tadeo Lozano , cuando arribó a Santafé en 1811, con carácter de enviado de la Junta Suprema de Caracas, el canónigo José Cortés de Madariaga, natural de Chile y uno de los principales protagonistas del movimiento del 19 de abril de 1810 en Caracas. Con dicho personaje se firmó un tratado por el cual se aceptaba el principio del Uti possidetis juris, que por primera vez convirtió esta teoría en doctrina dentro del continente americano.
Años después el imperio del Brasil, trastrocando la esencia de este principio, adoptó el de Uti possidetis de facto, practicado por Portugal desde los días de don Manuel el Afortunado y donPedro Álvarez Cabral. Se pasaba así de la posesión jurídica a la ocupación de hecho, lo que convenía a los intereses expansivos del Brasil. El gobierno de Colombia designó embajadores ante el de México a don Miguel Santamaría y ante los de PerúChile y la Argentina a don Joaquín Mosquera, quienes adelantaron positiva labor. Al respecto señala el historiador Germán Cavelier: “El genio internacional de BolívarSantander y Gual, no reside en haber obtenido el reconocimiento de Colombia por las grandes potencias, sino en haber sido los creadores de alianzas americanas alrededor de Colombia, ejemplo de acción internacional único en la historia de América”. En Lima, don Joaquín Mosquera firmó con don Bernardo Monteaguado, Secretario de Relaciones Exteriores del Perú, un Tratado de Unión Perpetua. La cuestión de límites territoriales se aplazó, pero quedó reconocido el principio del Uti possidetis juris de 1810.

[editar]Las provincias de Quijos, Jaén y Mainas

El gobierno del Perú convocó a elecciones en 1822, e incluyó como territorios de su jurisdicción las provincias de Quijos , Jaén y Mainas , pero que habían formado parte del Virreinato de la Nueva Granada desde su creación. Don Joaquín Mosquera, como representante de Colombia, reclamó y fue escuchado, por lo cual dichas provincias fueron excluidas de los comicios peruanos. Este es un antecedente importante por cuanto, años después, en 1826, se repitió la citación a elecciones en las tres provincias por el gobierno del Perú. Correspondió entonces presentar protesta formal por este hecho a don Cristóbal Armero , ministro de Colombia en el Perú, en medio de serias tensiones provocadas por la rebelión de la Tercera División colombiana en Lima, que había quedado allí después de la victoria de Ayacucho.
El último enfrentamiento reciente entre tropas peruanas y colombianas había tenido ocurrencia en el punto llamado La Pedrera, situado sobre la orilla izquierda del río Caquetá, afluente delAmazonas, a mediados de 1911. La suerte no había favorecido a las armas colombianas, dada la superioridad numérica de los peruanos que, al mando del teniente coronel Oscar Benavides, obligaron a los colombianos, comandados por el general Isaías Gamboa, a emprender la retirada. Con este antecedente, que no pasó a mayores, se abrió carrera entre los peruanos de todos los niveles, la creencia de que de hecho se había creado un título para desalojar a Colombia del Amazonas y extender la frontera peruana a territorios que, por tradición y en virtud de los títulos españoles, siempre han pertenecido y sido reconocidos como parte del territorio colombiano. Mediaba la peculiar circunstancia de que el Brasil jamás había querido acogerse al principio del Uti possidetis juris de 1810 (mantener las divisiones administrativas españolas tal como estaban en ese año), sino que invocaba el principio del Uti possidetis facti (como estaba la ocupación de hecho en el momento de la delimitación), que le resultaba más favorable, gracias a su mayor capacidad de expansión frente a países como Colombia, Perú, BoliviaParaguay, etc., que mal podían emular con su gigantesco vecino. La mentalidad que hacía de la ocupación un título al territorio se había generalizado de tal modo en la región amazónica, que el Perú, que por años había sido una potencia militar frente a Colombia, no dejaba de lado sus intenciones de hacerse de estos teritorios.2

[editar]Explotación cauchera peruana en territorio colombiano

Retrato del presidente de Colombia Enrique Olaya cuyo gobierno tuvo que afrontar un conflicto armado con Perú.
La explotación del caucho había sido uno de los grandes rubros de exportación a principios del siglo y una firma peruana, la Casa Arana, había establecido sus reales desdeIquitos hasta bien entrados los afluentes del Amazonas en el actual territorio colombiano. A medida que avanzaba la polémica entre los dos gobiernos acerca de la naturaleza del episodio ocurrido en la madrugada del 1 de septiembre de 1932, con la captura de Leticia, se hicieron patentes las dos posiciones encontradas. Para el Gobierno de Colombia se trataba de un caso de policía, de un problema estrictamente doméstico, como era la toma por unos particulares de una población colombiana, mientras que, para el Perú, el golpe de mano, que había sido, en sus inicios, según sus propias palabras, una perturbación provocada por los comunistas,3 poco a poco se fue convirtiendo en una cuestión internacional, que el propio dictador calificaba como la expresión de “incontenibles aspiraciones” de la nacionalidad, herida por el Tratado. Era la revisión del instrumento de 1922, con lo cual Sánchez Cerro se proponía recuperar para el Perú los territorios cedidos sobre el Amazonas en el sector comprendido entre el Ecuador y el Brasil. Es preciso aclarar que en los relatos de la época; que en las conversaciones privadas, durante las largas noches de espera; entre las partes involucradas, y al traducir los cables en clave provenientes de Bogotá, habían observaciones de que la mayor parte de las guerras se iniciaban con un problema doméstico, empezando por la guerra de Troya, y terminaban en un conflicto internacional.
Debido a que en un principio se aducían razones comerciales, luego encontrándose una pléyade de razones (desde el impugnado tratado; hasta razones de problemas domésticos entre cónyuges), estalla en febrero de 1933 el conflicto entre Colombia y Perú ocurrido durante las administraciones de los presidentes Enrique Olaya Herrera yLuis Miguel Sánchez Cerro respectivamente.
Ante el actuar peruano al no quedar satisfechos los habitantes del cordón fronterizo entre Colombia y Perú por tal tratado, un grupo de habitantes del lado peruano se alzaron en armas y se tomaron de manera violenta la capital del departamento colombiano del Amazonas, infirendose de que en esta parte de territorio se mantienía (y aún hoy día por parte de autoridades brasileñas se asegura éste postulado); de que existe una gran bolsa de petróleo, aparte; los colonizadores peruanos estaban tras de los cultivos del árbol de Látex, de donde se extrae el caucho, muy codiciado por esa entonces por su elevado precio.
Aparte de ello, el alegado incumplimiento por parte de Colombia del Artículo 8º del tratado de delimitación Salomón-Lozano de 1922, por la alegada acción sistemática y continuada de las autoridades colombianas, según las autoridades peruanas al dificultar la navegación y el comercio, especialmente en el río Amazonas y en el río Putumayo, afectó según sus estimaciones; profundamente la vida económica de esa parte de la región amazónica peruana y aumentó en el elemento peruano la oposición al Tratado Salomón-Lozano de 1922.
Por el Tratado Salomón-Lozano de 1922 se ceden de manera virtual; legítima y ante entes internacionales a Colombia los territorios peruanos comprendidos entre los ríos Caquetá y Putumayo.
Leticia es una ciudad que fue fundada por los peruanos Enrique Vigil y el Capitán Benigno Bustamante el 25 de abril de 1867 y que fue entregada, por el presidente Augusto B. Leguía, aColombia contra la voluntad de sus 17,000 habitantes que, por la fuerza, fueron obligados a cambiar de nacionalidad por el Tratado Salomón-Lozano de 1922.4

[editar]La invasión peruana al trapecio amazónico

El 1 de septiembre de 1932 un grupo de 48 ciudadanos peruanos (iquiteños y pucallpinos), al mando del Ingeniero y Músico Oscar Ordóñez de la Haza y del Alférez del Ejército Peruano (R)Juan Francisco La Rosa Guevara junto con al rededor de 200 soldados peruanos de la guarnición de Chimbote, irrumpen en Leticia para reclamarla como peruana, capturando a las Autoridades y a la Guarnición colombianas allí destacadas, de 18 policías comandados por el Coronel Luís Acevedo y que tenían como segundo jefe al Mayor Jorge Pinzón. Las tropas colombianas son desarmadas y, junto a las autoridades de ese país, conminadas a abandonar Leticia lo cual efectúan siendo ellos expulsados hacia el Brasil.
El presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro fue sorprendido por la noticia pues creyó que se trataba de un complot de sus enemigos y decide respaldar a los peruanos enviando tropas aLeticia y Tarapacá.

[editar]Inicio de las acciones militares

[editar]Primeras Acciones Militares

Afrontar los costos de la guerra en los países involucrados en el conflicto era imperativo. Principalmente para Colombia había limitaciones financieras. Las fuerzas armadas de ambos países, y especialmente de Colombia no contaban con el material de guerra básico y adecuado para hacer una presencia efectiva en los territorios selváticos, dotarlas de esos medios era pues un gran reto para ambos países y por supuesto para sus dirigentes.
A la ausencia de vías terrestres por parte de Colombia se sumaba la virtual inexistencia de una marina de guerra y la gran distancia entre el trapecio y los puertos del Océano Pacífico.
En 90 días Colombia organizó una fuerza militar con escuadrones de la FAC, tripulados por aviadores colombo-alemanes pilotos de Scadta y algunos mercenarios comandados por el CoronelHerbert Boy, tripulando aviones nuevos de fabricación norteamericana que fueron entregados a Colombia con particular rapidez y viejos aviones comerciales de fabricación alemana anteriormente operados y cedidos por la Scadta a la FAC (un Junkers W-33 y dos Junkers F-13) los cuales fueron acondicionados para portar armamento. También se consiguió en Alemania algunos aviones civiles que tuvieron que ser también acondicionados para las operaciones militares.
El general colombiano Alfredo Vázquez Cobo, luego de organizar una flotilla fluvial de barcos viejos que adquirió Colombia en Europa a raíz de los sucesos de Leticia, arribó con dicha flotilla, a finales de diciembre de 1932, a la desembocadura del Amazonas no obstante que el presidente colombiano Enrique Olaya Herrera no autorizó la reconquista de Leticia empleando la flotilla naval porque en el puerto había más tropas peruanas que en Tarapacá y porque a diferencia del Putumayo, en el Amazonas solamente una ribera era colombiana y la otra, brasileña.
Por el lado peruano la CAP contaba ya con una aviación y armada suficiente para hacer frente a las adquisiciones colombianas y la Marina de Guerra del Perú era superior a la armada colombiana, sin embargo se generaron abundantes pedidos de más material a EEUU y Europa, material que demoraría en llegar al país, impidiendo su uso en las operaciones; se establecieron rutas para trasladar los aviones desde Ancón y Las Palmas hasta el campo de operaciones, el 21 de febrero de 1933 durante uno de estos traslados la escuadrilla formada por 3 hidroaviones sufre un contratiempo y posterior accidente falleciendo el aviador arequipeño Alfredo Rodríguez Ballón , los heridos y 2 hidroaviones tuvieron que ser rescatados del Pongo de Manseriche.

[editar]Operaciones efectivas

  • Belem do Pará, Brasil
El 24 de diciembre de 1932 llega a Belem do Pará, en territorio brasileño, la Expedición Amazonas (Armada de Colombia) embarcando al Destacamento Amazonas (Ejército de Colombia) y se prepara para remontar el Río Putumayo rumbo a Tarapacá, que se encontraba en manos de las fuerzas peruanas, con el fin de obtener el control sobre el Río Putumayo.

  • El Encanto
El 20 de enero de 1933, en la guarinción de El Encanto, tres soldados colombianos cruzan el río Putumayo para hacer un reconocimiento en el lado peruano, estos soldados se encuentran con 30 soldados peruanos y entran en combate, cayendo muerto uno de los soldados colombianos y otro más herido. Cuando los dos sobrevivientes regresan a su guarnición reportan haber dejado a 6 soldados peruanos muertos, el soldado herido de nombre Cándido Leguizamo, moriría posteriormente por sus heridas en Bogotá.

  • Tarapacá
El 13 de febrero la flota colombiana se encontraba en aguas de la linea Apoporis-Tabatinga, en el sitio denominado Cardozo, cerca a Tarapacá. Al medio día una escuadrilla peruana de observación voló sobre el río Putumayo, reconociendo algunas unidades de la flotilla colombiana anclada en Cardozo, a pesar de que se había dispuesto un adecuado mimetismo de los buques; al atardecer, siete aviones de combate de la Aviación Militar Colombiana acuatizaron cerca a los buques, mientras que un grupo de aviones de transporte con combustible, repuestos, munición y personal medico arribó a La Pedrera.
El 14 de febrero de 1933 Vázquez Cobo envió un mensaje a los peruanos armados que ocupaban Tarapacá, puerto sobre el río Putumayo, invitándolos a rendirse, sin embargo ese día, poco después, aparecieron 3 aviones peruanos de ataque (del tipo Vought Corsair) y sin escolta de aviones de caza (debido a que el día anterior el reconocimiento aéreo no detectó los aviones colombianos junto a la flotilla), comandados por el teniente Baltazar Montoya de la CAP, e intentaron bombardear al barco colombiano MC Córdoba, impactándole con una bomba que no explosionó; pero luego se lanzaron en retirada al ser interceptados por 3 aviones de caza colombianos (tipo Curtiss Hawk-II). A las 14 horas del mismo día, una escuadrilla aérea colombiana conformada por 3 cazas y 4 bombarderos (un Junkers K-43, dos Dornier Wall y un Junkers F-13), lanzaron 12 bombas pesadas y 47 livianas sobre las instalaciones peruanas en Tarapacá.
El 15 de febrero de 1933 tropas colombianas atacan a la guarnición peruana de Tarapacá al mando del teniente peruano Gonzalo Díaz, por medio de un bombardeo aéreo y un posterior asalto anfibio, provocando la retirada total de las fuerzas peruanas de dicha plaza, al parecer los peruanos no tuvieron una sola baja en el ataque colombiano pero dejaron abandonados dos cañones Krupp de 75mm, varias fortificaciones y material de logística. Ese mismo día Colombia rompió relaciones diplomáticas con el Perú; fue expulsado de Colombia el doctor Enrique Carrillo, ministro plenipotenciario del Perú, y escoltado hasta Buenaventura; esto como consecuencia del ataque aéreo a la flotilla colombiana del día anterior.
El 16 de febrero cinco aviones peruanos procedentes de su base aérea de Yaguas intentaron, sin resultado alguno, bombardear al cañonero MC Barranquilla, que había zarpado en misión de exploración. Al aparecer en el horizonte los cazas colombianos, emprendieron la retirada sin presentar combate.
El sábado 18 de febrero de 1933, se realiza una manifestación de protesta, por parte de ciudadanos peruanos, delante de la residencia del embajador de Colombia en el distrito de Barranco; provocando un disturbio y el saqueo de la casa del embajador.

  • Chavaco
El día sábado 18 de febrero la aviación peruana atacó la isla de Chavaco en frente de Güepí y ocupada por 30 soldados colombianos al mando del capitán Angel María Diago, uno de los aviones peruanos fue derribado cayendo en llamas al río Putumayo.

  • Paita
El 21 de febrero una aeronave Corsair de la CAP pilotada por el Major A. Chavez Fonseca, tiene problemas en el motor sobre Paita y se estrella con resultados fatales, al día siguiente uno de los tres nuevos aviones Douglas O-38P enviados desde Ancón hacia el frente de combate se perdió cuando el piloto de este avión, el Subteniente Rodriguez, aterrizó forzosamente su avión en el río Putumayo en el sector de La Tagua, los tripulantes escaparon ilesos al accidente pero abandonaron su aeronave (aeronave que sería posteriormente capturada por las fuerzas colombianas, reparada y exhibida como trofeo de guerra hasta su devolución al gobierno peruano en 1934); los O-38P sobrevivientes junto a los Corsairs tuvieron éxito en localizar a la lancha colombianaEstelita, pero sus bombas no pudieron hacer blanco debido a la exagerada altitud a la que lanzaron sus bombas, (más de 1.500m de altura sobre el terreno).

  • Buenos Aires
El día 17 de marzo el general colombiano Efraín Rojas, con el buque MC Pichincha y una sección de infantería del Destacamento Amazonas, atacó un puesto peruano en un caserío ubicado a tres horas del sitio denominado Buenos Aires, sobre el río Cotuhé, obligando al repliegue de 50 soldados peruanos. A las 17:00, entre seis y ocho aviones peruanos (O-38P y Corsairs) bombardearon la posición tomada por los colombianos, dejando un soldado colombiano muerto y seis más heridos debido al impacto de una de las bombas en el cañonero MC Pichincha, pero que no perforó su blindaje; y la captura por parte de las fuerzas del Perú del guía colombiano José María Hernández, al que fusilaron en Iquitos días después; al mismo tiempo uno de los aviones peruanos fue derribado. Al no tener certeza de recibir apoyo aéreo, la flotilla colombiana se retira del área esa misma noche.

  • Güepí5
El 26 de marzo de 1933 el ejército de Colombia atacó, durante ocho horas, a la guarnición peruana acantonada en Güepí compuesta de alrededor de 200 soldados, empezando con fuego de la artillería de montaña desde la isla Chavaco, artillería de los cañoneros MC Cartagena y MC Santa Marta de la Fuerza de Expedición Amazonas y bombardeo con la escuadrilla de la fuerza aérea, conformada por once aviones, al destacamento peruano. Luego se realizó un ataque anfibio de infantería del "Destacamento Putumayo" con cerca de 1000 soldados desde el norte (cruzando el río), el este y el oeste. Las fuerzas peruanas resistieron durante las ocho horas, cediendo lentamente terreno, hasta que al verse flanqueadas y casi rodeadas, quedando como única vía de abastecimiento la estrecha trocha hacia Pantoja, se retiraron desordenadamente por esa misma vía, abandonando a sus heridos junto con abundante material bélico y pertrechos; debido a que la guarnición de Güepí estaba bien fortificada con trincheras y bunkers, las bajas peruanas fueron escasas a pesar del intenso bombardeo previo al desembarque colombiano; al mismo tiempo las aeronaves peruanas se retiraron hacia Pantoja, abandonando algunos aparatos ya inutilizados. Algunos pelotones colombianos intentaron seguir a los peruanos en retirada pero al caer la noche y al no conocer este territorio se canceló la persecusión. El saldo del día fue 5 militares colombianos muertos y 9 heridos; del lado peruano 10 muertos, 2 heridos y 24 prisioneros incluido al teniente peruano Teodoro Garrido Lecca, el número de prisioneros en los días siguientes aumentarían a 46; así como la permamencia de las tropas colombianas en Güepí.
La aviación peruana el día 28 de marzo condujo un ataque sobre Güepí, acción que fue repelida por el fuego antiaéreo del MC Santa Marta. Prosiguiendo hacía el oeste localizan la lancha Sinchi Roca que trasportaba los 46 prisioneros peruanos tomados en Güepí, atacándola y forzándola a encallar en la orilla baja; tan solo pereció el timonel de la embarcación colombiana. Siguen una serie de escaramuzas en el intento de los peruanos de recuperar Güepí. La principal de estas tuvo lugar el 10 de abril, cuando en un choque con las avanzadas colombianas mueren un sargento y dos soldados peruanos.

  • Calderón
El domingo 16 de abril una unidad peruana comandada por el teniente coronel Oscar Sevilla ataca con fuego de fusiles y ametralladoras a una compañía de infantería colombiana del Batallón Juanambú perteneciente al Destacamento Putumayo, esta compañía estaba comandada por el mayor Diógenes Gil y se encontraba formada y sin el armamento listo, ya que se estaba pasando revista de aseo a esta unidad, el combate se registró en el puerto llamado Calderón, a 63Km de Puerto Arturo del lado colombiano del río Putumayo; dejando como saldo un soldado colombiano muerto y 5 más heridos, al parecer las fuerzas peruanas no tuvieron bajas pero se retiraron del área.

  • Yabuyanos
El 29 de abril, a las 23 horas, en el sitio conocido como Yabuyanos, a 80Km río arriba de Calderón, la compañía de infantería peruana Maldonado con 80 soldados y comandada por el teniente coronel Oscar Sevilla atacó a los cañoneros MC Cartagena y MC Santa Marta que transportaban dos compañías de infantería colombianas hacia Calderón, las fuerzas colombianas al mando del general José Dolores Solano respondieron el ataque y al amanecer siguiente realizaron un desembarco poniendo en fuga a las fuerzas peruanas. al final las fuerzas colombianas reportaron un soldado colombiano herido y dos peruanos muertos.

  • Rio Algodón
El 1º de mayo de 1933 la flota colombiana se reagrupa y el día 7 del mismo mes, a las tres de la mañana, cerca de Puca-Urco (Puerto Saravia), el cañonero colombiano MC Barranquilla tocó una mina que no dejó graves daños, y luego fue hostigado desde tierra. A las once de la mañana la flota colombiana contraatacó a la posición de Puca-Urco, pero los peruanos la abandonaron antes. Luego se dirigieron al río Algodón donde el Perú tenía una base aérea para hidroaviones, pero al hacerse de noche no la pudieron detectar, aprovechando esto, los peruanos evacuaron su flota de aviones de esa base.
El día 8 de mayo la flotilla colombiana intentó de nuevo, pero esta vez de día, atacar la base aérea peruana siendo recibida por los aviones peruanos que procedieron a bombardear a la flota colombiana, en ese preciso instante los aviones colombianos se dirigían hacia la flota para apoyar el ataque a tierra, por lo que las aeronaves peruanas no tuvieron tiempo suficiente para bombardear y se pusieron a la defensiva atacados por la artillería antiaérea de la flotilla colombiana y por los caza-bombarderos colombianos; en esta acción fue derribado el avión del piloto peruano Teniente Américo Vargas; luego los aviones peruanos se retiraron a otra base. Después la flotilla colombiana desembarcó a las tropas del Destacamento Amazonas en la base de río Algodón sin encontrar resistencia; aún así se capturaron a 4 militares peruanos que se quedaron rezagados, además de abundante material bélico, de logística, y un taller para aeronaves.

  • Frente Naval
El 4 de mayo la Fuerza Avanzada del Atlantico de la Marina de Guerra del Perú cruzó el Canal de Panamá junto con la flota fluvial peruana completando así un cerco naval a las costas caribe y pacífico colombianas con el crucero BAP Almirante Bolognesi y los submarinos R-1 y R-4 de la Marina de Guerra del Perú apostados en el Pacífico y el crucero BAP Almirante Grau junto a los destructores BAP Almirante Villar y BAP Almirante Guise en el Atlántico, obligando la creación por parte del estado colombiano de una base de hidroaviones en Buenaventura y otra en Cartagena de Indias. El 15 de mayo llega a Belem do Pará (Brasil) la flota fluvial peruana con el fin de hacer frente a la flota de la Expedición Amazonas en el Río Putumayo enviando el CruceroBAP Lima y el Cazatorpedero BAP Teniente Rodríguez; al mismo tiempo que el general colombiano Vázquez Cobo, recién llegado de Europa junto con una tropa de marinos mercenarios, se posiciona en las bocas del río Amazonas para alistarse a remontar el río y dirigirse al teatro de operaciones..

  • La Zoila
El 26 de mayo, las tropas colombianas aún no conocían lo acordado en Ginebra el día anterior sobre la suspensión de hostilidades, 10 soldados colombianos al mando del subteniente Guillermo Aldana, sorprendieron y capturaron a 3 oficiales y 76 soldados peruanos comandados por el capitán Manuel Badárrago, tomándoles 43 fusiles y 3 ametralladoras, la acción se llevó a cabo por medio de un golpe de mano nocturno de estos soldados colombianos contra un campamento peruano en el sitio denominado La Zoila, a 35Km de distancia de Güepí, aún en manos colombianas.

  • Leticia
El 25 de junio de 1933 las tropas peruanas se retiran de Leticia, entregándola a la delegación de la Liga de Naciones, y el conflicto finaliza.

[editar]Fin del conflicto

El 30 de abril de 1933 es asesinado, por un militante del partido aprista, el presidente peruano Luis Miguel Sánchez Cerro, al salir de la revista en el Hipódromo de Santa Beatríz en Lima de los 25.000 soldados que se iban a movilizar al teatro de operaciones. Su sucesor, el general Óscar Benavides, amigo del electo Presidente colombiano Alfonso López Pumarejo, jefe del Partido Liberal colombiano, se reunió con él 15 días después en Lima. Perú acepta entregar Leticia a una comisión de la Sociedad de Naciones, que permaneció un año estudiando posibles alternativas de solución al conflicto. De igual forma Colombia entregó al Perú la guarnición de Güepí y la Isla Chavaco 30 días después de la firma del cese de hostilidades, además de entregar a todos los prisioneros de guerra peruanos y el material bélico capturado, incluyendo varios aviones peruanos capturados, en el periodo de un año.
Colombia y Perú se reunieron luego en Río de Janeiro para pactar la paz y quedó ratificado el Tratado Salomón-Lozano de 1922, aún hoy día vigente y aceptado por ambas partes.6