Un datito sobre el peligro que corre el archivo de la Nación:

LA MEMORIA DE LA NACIÓN EN PELIGRO

El último sábado 16 de enero, salió publicado en el Diario “El Peruano” el inconstitucional Decreto Supremo Nº 003-2010-ED, mediante el cual, sin ningún estudio técnico previo, sin ningún pedido de opinión de especialistas, y de manera inconsulta con el Archivo General de la Nación (AGN), se determina transferir la Dirección Nacional de Archivo Histórico (DNAH), actual órgano de línea del AGN, con el Instituto Nacional de Cultura (INC).

Este Decreto atropella las disposiciones de la Ley 25323 (aprobada en 1991) que designa al Archivo General de la Nación como ente rector y central del Sistema Nacional de Archivos del país, otorgándole la misión de proponer la política nacional en materia archivística y emitir normas para la protección y defensa del Patrimonio Documental de la Nación, asimismo infringe las disposiciones de la Ley 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación (aprobada en el 2004), donde se indica claramente los ámbitos de competencia de las tres instituciones culturales del país: el INC (bienes muebles e inmuebles y museos), la Biblioteca Nacional del Perú (libros) y el AGN (documentos). Allí se señala también que el Archivo General de la Nación tiene a su cargo el Registro Nacional de Colecciones Documentales y Archivos Históricos Públicos o de Particulares.

El Decreto Supremo Nº 003-2010-ED es además inconstitucional porque siendo de un rango jerárquico menor se superpone a lo prescrito en las dos leyes mencionadas. Con la dación de este dispositivo, en la práctica se está generando una suerte de limbo jurídico pues existirán ahora dos instituciones encargadas de la protección del Patrimonio Documental de la Nación, sin que se haya especificado sus respectivos ámbitos de competencia. Esta incierta situación evidentemente pone en serio riesgo la defensa de la documentación pública, tanto la histórica como la administrativa, la judicial, y en general toda aquella documentación que sustenta los derechos de los ciudadanos.

La promulgación de este decreto ha mermado la principal misión del Archivo que es brindar servicio y satisfacer la necesidad de información no solo de los investigadores nacionales y extranjeros sino también de los ciudadanos en general, que vienen a solicitar información de partidas de nacimiento, matrimonio etc. Que se encuentra en los Libros de Registros Civiles, planillas de haberes de cesantes y jubilados y documentos de vínculos laborales, escrituras públicas, registros de inmigrantes, títulos de propiedad ancestral de las comunidades campesinas y entre muchos otros.

Asimismo este decreto atenta directamente contra el proyecto de creación del Ministerio de Cultura, alcanzado por el propio Poder Ejecutivo y que fue remitido a la Comisión de Cultura del Congreso de la República, donde se indica que su conformación estará dada por los tres entes rectores competentes del ámbito de la gestión del Patrimonio Cultural de la Nación.

Como sabemos, los documentos son la evidencia escrita de nuestra memoria colectiva, y los archivos a su vez son un instrumento esencial para garantizar el Estado de derecho y la plena vigencia de los derechos humanos. ¿A quién se le ocurrió mutilar el primer Archivo del País y cabeza del Sistema Nacional de Archivos? ¿Qué intereses particulares y subalternos habría detrás de estos hechos?.

El día 5 de marzo, a las 11:00 a.m., el Sindicato de Trabajadores del Archivo General de la Nación en coordinación con el congresista Eduardo Espinoza Ramos, darán una conferencia de prensa en la Sala Gustavo Mohme del Congreso de la República, para difundir al público los pormenores de esta delicada situación.

Con el ruego de su difusión,

Iván Caro Acevedo

Historiador

DNI 07617357